En la jornada de conferencias por la Semana de la Ingeniería Ambiental que empezó el 28 de mayo y culminará el 5 de junio, el especialista ambiental de Proética y graduado en filosofía, Alejandro Campana Giusti, dijo que hay funcionarios del sector estatal que han incurrido en actos de corrupción y han facilitado que algunas empresas puedan apropiarse de territorios ancestrales de las comunidades indígenas en la selva peruana.
En su exposición denominada “Corrupción, ambiente y transparencia. ¿Cuál es el vínculo entre la corrupción y los crímenes ambientales?”, señaló, por ejemplo, que en la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, la empresa de palma aceitera Ocho Sur (antes Plantaciones Pucallpa) deforestó en el año 2020 cerca de 11,000 hectáreas de bosque amazónico. ¿Cómo se llegó a esto? Mediante el tráfico de tierras, que es un fenómeno de apropiación ilegal de tierras, de manera sistémica y luego la venta de estas tierras.
Campana Giusti expresó que el accionar de las empresas de este tipo generan, además de la deforestación y degradación de bosques, fragmentación en las organizaciones indígenas, porque estas, a través de los defensores ambientales, luchan por conservar su hogar y se ven enfrentados a ambos bandos; desde el bando de las empresas, que siguen explotando (de la mano con los invasores que les negocian las tierras), y los funcionarios corruptos que “han facilitado que estas empresas puedan apropiarse de sus territorios”.
200 mil ha deforestadas en 2020
El experto de Proética también manifestó que Perú es un país de bosques, cuenta con 70 millones de hectáreas, el 94% se encuentra en la Amazonía, y estas se deforestan año a año y cada vez más. Algunas actividades económicas en el país se vieron paralizadas por la pandemia, pero la deforestación se vio aumentada, pues en 2020 hubo más de 200 mil ha depredadas. “La deforestación y la degradación de bosques es algo que no se ha detenido desde años y cada vez está creciendo”.
Corrupción más delincuencia/inseguridad